Durante los últimos cuatro años, el gobierno nacional ha intentado saldar sus deudas con los particulares, pero persisten los impagos.
Para nadie es un secreto que el Estado colombiano debe grandes sumas de dinero por el Pago de Sentencias de Reparación Directa, cifras que parecen crecer año tras año y no parar. A medida que aumentan estos números también aumentan los tiempos, es por ello que en Conactivos hemos podido evidenciar los largos tiempos de espera que han tenido que aguardar muchos ciudadanos colombianos para el pago de los dineros resultantes del Pago de Sentencias.
Durante el último gobierno se planteó una estrategia que implicaba una mayor inversión de dinero así como agilizar los trámites para el Pago de Sentencias de Reparación Directa. Esta estrategia se trabajó como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 para que la ciudadanía finalmente pudiera recibir el dinero esperado.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, establecido formalmente por la Ley 1955 de 2019, tenía como objetivo sentar las bases de legitimidad, emprendimiento y equidad para lograr una Colombia más equitativa para todos. En el plan se contemplaba el Pago de Sentencias de Reparación, estableciendo que estos procedimientos sean considerados como parte de la deuda pública, para que pudieran ser reconocidos en el presupuesto del Estado y recibir el Título de Tesorería, que serían emitidos por el Ministerio de Hacienda y gestionados por el Banco de la República.
Todos estos esfuerzos de la administración saliente para lograr que el estado reduzca sus atrasos y acelere la compensación para los ciudadanos que han estado esperando durante años lamentablemente no funcionó, incluso con la voluntad del estado. Por lo tanto, el Gobierno Nacional tuvo que reconsiderar algunos procedimientos y métodos para cumplir con el Pago de Sentencias de los ciudadanos.
Este proceso dio como resultado dos decretos, uno de los cuales es el Decreto 642 de 2020, que estableció que los beneficiarios de un Pago de Sentencias de Reparación Directa debían suscribir un convenio de pago, exigiendo al beneficiario la renuncia a un porcentaje de los intereses moratorios que se generaron así como un porcentaje del monto inicial, a pesar de estas medidas, el calendario seguía siendo amplio y los impagos seguían siendo los mismos.
Posteriormente, se promulgó el Decreto 960 de 2021 para modificar las disposiciones del decreto anterior y continuar implementando las disposiciones existentes. La única novedad del Decreto 960 es la ampliación del plazo por el cual el Estado puede condonar parte de su deuda. Pero la realidad es que ninguna de las disposiciones ha sido exitosa, de hecho, nos encontramos con un panorama en el cual, si bien existen recursos para agilizar el Pago de Sentencias de Reparación Directa morosas, lamentablemente la logística y el personal, no son suficientes para atender y facilitar dichos pagos.
Lo que terminó pasando fue que la deuda aumentó exponencialmente. Entre el 2019 y el 2021, por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional, la entidad tenía una deuda de $1.801.635.743.719 y cerró 2021 con un monto de $2.354.785.364.038, asimismo varias Entidades como el INPEC, la Fiscalía, etc. terminaron sumando más deudas, provocando mayores retrasos y reduciendo la probabilidad de que los beneficiarios obtengan el Pago de Sentencias de Reparación.
Para ser claros, este fenómeno no es responsabilidad del gobierno saliente, lamentablemente este conflicto se ha ido intensificando a lo largo de los años, haciendo cada vez más difícil que los ciudadanos reciban el dinero que les corresponde de las entidades involucradas. Por lo tanto, se deben considerar políticas públicas a favor de los ciudadanos, especialmente al debido proceso.
Por eso en Conactivos queremos que los beneficiarios tengan una alternativa donde puedan acceder a una liquidez oportuna y justa mientras los acompañamos en sus trámites y procesos.
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